San Raymundo Jalpan, Oax., a 24 de febrero de 2023.- La tipificación en el Código Penal de Oaxaca que sanciona la esterilización forzada o la inseminación artificial, protege principalmente a las mujeres de sufrir un acto que atenta en contra de su integridad física y derechos reproductivos, consideró la diputada Haydeé Reyes Soto.
Después de la aprobación por el Congreso local de reformas al Código Penal del Estado de Oaxaca que establecen condenas hasta por 14 años de prisión para esta clase de conductas, la legisladora apuntó que es una práctica médica inadmisible que ha ocurrido, en mayor medida, en contra de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
En ese tenor, investigaciones académicas y periodísticas han documentado hechos de esterilizaciones forzadas en diversos puntos del país, principalmente en contra de mujeres indígenas a quienes se les practica la salpingoclasia o colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), entre otros métodos sin su consentimiento.
Haydeé Reyes celebró la aprobación de la 65 Legislatura que protege el derecho de las mujeres sobres sus cuerpos, su maternidad o bien, el no ejercicio de ella que es un derecho constitucional a la inviolabilidad de la vida privada con relación a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, y contar con acceso a la información.
Cabe señalar que en junio del año 2022, la legisladora presentó la iniciativa para subsanar el vacío legal que dejaba en la impunidad la violencia reproductiva en Oaxaca en la que propuso la incorporación de tres ilícitos: la esterilización forzada, la inseminación artificial no consentida y la disposición de óvulos, espermatozoides y embriones para fines no autorizados.
Reyes Soto destacó que la protección a menores de edad fue una premisa en el proyecto aprobado ya que se establecieron agravantes cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o se trate de persona incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Además, si el delito es cometido en contra de una persona menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, el hecho será perseguido de oficio, entre otras previsiones contenidas en el dictamen aprobado.
En este marco de combate a la violencia reproductiva, la representante popular resaltó que la protección penal a la libertad de elección reproductiva representa un avance para proteger ese derecho humano fundamental.
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