El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, fue condenado a una sentencia de 92 años y seis meses de prisión y multa de 920 mil 700 pesos por su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona.
El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, también condenó a Abarca Velázquez, al pago de la reparación del daño y ordenó suspenderle sus derechos y prerrogativas durante el tiempo que dure la pena de prisión.
La condena, dijo el juez, será cumplida al interior del penal de máxima seguridad donde se encuentra procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa.
El juez determinó que el experredista es plenamente responsable del secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, ocurrido en 2013 en el municipio de Iguala. Días después del secuestro, Hernández Cardona fue hallado muerto junto a dos personas.
Cabe señalar que a Abarca Velázquez le fueron negados los sustitutivos y beneficios previstos en el Código Penal Federal.
Caso Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “Verdad Histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el Río San Juan.
Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales.
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